El Colegio Santa Librada, una de las principales instituciones que otorgaba créditos, era administrado por un Síndico que obtenía su sueldo de la gestión crediticia (10% de los ingresos). Llegó a contar con fondos del orden superior a $40.000 en el año de 1876. Para mediados de la década de 1880, el capital ascendía aproximadamente a $65.000, según dan cuenta los informes presentados por los síndicos del Colegio.

La actividad financiera del Colegio de Santa Librada data desde finales de la década de 1840. Hacia el año de 1847, siendo Gobernador de la antigua Provincia de Neiva el señor doctor José Uldarico Leiva, se dio principio a la creación de fondos para establecer el colegio. Para ese momento, Valentín Trujillo desempeñaba el cargo de Síndico del colegio. Con pocas interrupciones, Trujillo llegó a ser síndico hasta 1877 cuando lo sucedió el señor Antonio Solano. Igualmente, desempeñaron el cargo de síndico del Colegio Santa Librada, Abdón Perdomo C. entre 1880 y 1882; Ramón Dussán P. en 1883 y Celso Noé Quintero en 1885 y 1886, y de 1893 a 1899.

En ningún caso los fondos del colegio podían colocarse a un término mayor de un año. Tampoco se podía prestar a un mismo individuo suma mayor a 3 mil pesos. Respecto de estos capitales, con frecuencia se tropezaba con los inconvenientes de no encontrar quién sirviera a la Sindicatura de ellos, abocándose en ocasiones al detrimento del capital. Según lo expresó el Secretario de Gobierno del Estado, por el año de 1882, algunos colegios, como el caso de San Simón (ubicado en Ibagué), han perdido de su capital la suma de $65.736.221/2.

En el mejor de los casos, el Colegio Santa Librada llegó a desembolsar 10 operaciones en el año, por un monto de $16.537.00, casos registrados en el año de 1876. Esta cifra es en promedio para los restantes años en 7 colocaciones por el orden de $7.500.00. En el año de 1896, bajo la dirección del síndico Celso Noé Quintero, el Colegio funcionaba en el barrio del sur, distante 8 cuadras de la plaza mayor. Para esta fecha canceló al señor Agapito Cortes, negociante no muy destacado, quien poseía tienda en el marco de la plaza principal, la suma de $10.000 por un lote adquirido contiguo al establecimiento del Colegio.

Figura 19. Relación de ingresos y egresos de los fondos del Colegio de Santa Librada en 1886.

Fuente: Registro oficial, página 334, número 84.1886

En los primeros años de la década de 1870, los créditos asignados por el Colegio Santa librada se hacían por licitación o remate de Ley, procedimiento según el cual, la institución oferta al público los recursos de caja y el interesado presentaba una propuesta de adjudicación y pago para análisis del síndico del Colegio. Esta práctica se abolió años más tarde, otorgando discrecionalidad al síndico para la adjudicación del crédito. En no pocos casos, el síndico llegó a establecer intereses del 11% anual y pagos al semestre vencido.

AHN, escritura 335, libro 193, 1876

Registro oficial, Op. cit., N°20. p. 78, 95.

Decreto número 172, agosto 13 de 1877 expedido por el Presidente del Estado Soberano del Tolima. En: Gaceta del Tolima, número 13, agosto 21 de 1877.

La Estrella del Tolima, número 11, julio de 1882.

AHN, escritura 722 de 1894.

Tal parece que la actividad bancaria en lo que será el Departamento del Huila tuvo su inicio hacia 1849 con la Caja de Ahorros de Neiva, entidad que hasta el año de 1863 alcanzó el mayor esplendor al contar con $70.000.00 en fondos por depósito. A partir de allí, y con motivo de la partida de su fundador, doctor Salvador María Álvarez, el establecimiento empezó a decaer y a perder crédito por la indiferencia de los nuevos administradores. Las primeras cajas de ahorro habrían surgido en el país hacia 1840. Nunca tuvieron un gran impacto en el sistema, ya que funcionaban más como pequeños fondos de ahorro que como verdaderas instituciones financieras con ánimo de lucro.

Figura 18. Anuncio noticioso Caja de Ahorros

Fuente: Gaceta del Tolima, junio de 1878.

Las Cajas de Ahorro de Neiva y otras que se pudiesen organizar en los distritos del Estado del Tolima, conforme a la Ley 13 de marzo de 1877, estaban bajo la protección e inspección de la administración pública. La Caja se catalogaba como un Instituto (Instituto de Caja de Ahorros). La administración estaba a cargo de una Junta compuesta de 5 administradores, nombrados cada dos años por la Asamblea de Depositantes, reunida el primer domingo del mes de diciembre. La Junta se distribuía los cargos de Director, quien presidía la Junta, dos Vice-directores, un Secretario y un Vice-secretario. Se nombraba así mismo a un Tesorero que contaba con remuneración, puesto que los servicios que prestaban los Administradores eran voluntarios y gratuitos. Como era la usanza, la dirección se rotaba entre los administradores en periodos de 4 a 6 meses.

Era lícito depositar cualquier cantidad de dinero en la Caja de Ahorro, siempre y cuando su valor no bajara de 20 centavos y fuera en moneda legal y corriente. El depositante recibía una libreta firmada por el Director de la Junta, el Secretario y el Tesorero. Los depósitos, realizados en la Tesorería del Instituto, ganaban interés desde el día primero al mes siguiente de su consignación, desde un peso para arriba y siempre por pesos completos. Tenían los depositantes, igualmente, el derecho de percibir o capitalizar al fin de cada semestre los intereses devengados conforme al dividendo respectivo.

El dinero a préstamo se colocaba, cuando menos, con el respaldo de dos fiadores, sin poder adeudar alguien más de mil pesos, ni por un plazo que pasara de un año. Generalmente se prestaba a seis meses y se realizaba el cobro anticipado de los intereses que causaba el semestre. No existía una tasa fija para las operaciones de crédito. La Junta de Administradores la fijaba en razón de las condiciones eventuales del mercado y del cúmulo de fondos existentes. En caso de requerirlo, las Cajas podrían emitir, previa autorización del Poder Ejecutivo, obligándose a mantener en caja en numerario un valor igual a la mitad por lo menos del valor nominal de los billetes emitidos.

A mediados de 1884, las sumas adeudadas a la Caja ascendían a $5.00320, correspondiendo al señor José María Cuellar, en calidad de Presidente de dicho órgano, recaudar los saldos insolutos. Hacia 1886, el prefecto de la Provincia de Neiva, señor Federico Villoria, en uso de sus facultades, nombró Administradores de la Caja de Ahorros de Neiva. En las consideraciones anotadas para tal acto, se resalta la importancia de los servicios que esta entidad prestó en otros tiempos, especialmente a las clases menesterosas, y a su vez, el estado de desorganización por la que atravesaba dicha institución. Fueron designados para el periodo que inicia el 1° de enero de 1887, entre otros, Celso Noé Quintero, Manuel Santos N, Manuel S. García, Toribio Rivera e Isidro SantaColoma.

También participaron como Tesoreros o Gerentes de la Caja de Ahorros de Neiva los señores José de Jesús Pinzón en el año de 1877, Pedro Martínez, natural de Garzón, y José María Pérez. El señor Toribio Rivera se desempeñó como síndico de la Casa de Beneficencia y Caridad de Neiva hacia 1891.

Era una práctica común realizar la debida hipoteca de un bien dentro de la misma escritura en que se registraba el préstamo. Así mismo, se advierte la exigencia de fiador. El patrón plata predominaba por entonces, por lo que se requería el importe de la deuda en monedas de plata o de fácil aceptación. Trátese de créditos personales o institucionales, el interés no excedía el 1 ½ por ciento, pagadero mes o semestre anticipado. En caso de mora, se cobraba el mismo valor pactado para el interés corriente. El plazo de la deuda variaba entre 6 meses y un año. No obstante, se evidencian casos en los que algunos créditos se concedieron hasta con 4 años de plazo.

Negocios familias y comerciantes de Neiva.